Rosario Robles: una estafa no tan maestra
La Fiscalía acusa a la exsecretaria de Desarrollo Social y Agrario de formar parte de una red que desvió más de 7 mil millones de pesos de recurso públicos. Es la primera integrante del Gobierno de Peña Nieto acusada de corrupción por la justicia
Se abrió la veda. Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y Agrario, se convierte en el primer miembro del Gobierno de Peña Nieto que se sentará ante la justicia por un caso de corrupción.
Y el delito no es menor. La nueva Procuraduría, encabezada por Alejandro Gertz, ha solicitado una audiencia oficial ante la justicia para imputar y vincular a proceso a la exfuncionaria por formar parte de una red que desvió recursos públicos por un monto de 7,760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares).
Aquí la carta que envié el día de hoy 👇🏽 pic.twitter.com/4w7Q4ockLW
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) July 30, 2019
Robles deberá acudir el 8 de agosto ante un juez federal para enfrentar acusaciones por ejercicio indebido del servicio público, delito que en México contempla penas de hasta 7 años de cárcel
Robles deberá presentarse el próximo 8 de agosto ante un juez federal para enfrentar acusaciones por ejercicio indebido del servicio público, delito que en México contempla penas de hasta siete años de cárcel.
La exfuncionaria confirmó en redes sociales esta citación. La investigación contra Robles inició el año pasado durante la Administración de Peña Nieto, después de que la exfuncionaria fuera señalada en 2017 como miembro de la estafa maestra, una trama de corrupción desvelada por una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Según la publicación, la exsecretaria formaba parte de un esquema que hacía desaparecer fondos públicos a través de una triangulación entre dependencias del Gobierno, universidades nacionales y empresas fantasma. El mecanismo de desvío, según la indagación publicada, funcionaba a través de convenios que firmaban las Secretarías federales con las instituciones educativas para que contrataran a compañías para realizar supuestamente diversos trabajos.