¿Publicidad o propaganda?

La Cámara de Diputados aprobó hoy y envió al Senado una Ley General de Comunicación Social con el objetivo de regular el gasto de la publicidad gubernamental. Aunque en la discusión del dictamen, PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que el contenido no frenará el gasto discrecional en medios de comunicación.

La ley salió adelante con el voto del PRI y sus aliados electorales: PVEM y Panal. Pero en realidad la iniciativa prosperó debido al alto ausentismo en las bancadas de la oposición. Se sumaron ciento sesenta y nueve votos en contra del PAN-Morena-PRD y PES frente a los doscientos cinco del bloque PRI-PVEM-Panal.

Se legalizan las campañas de promoción personalizada, se permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales, se reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de publicidad oficial, además de que avala su contratación como botín de negociación política”, aseguró Virgilio Caballero, coordinador de Morena,

«Le estamos dando el ‘avión’ a la Corte. Es una simulación, porque solo le damos manga ancha al Gobierno para exponerse en los medios», aseguró el panista Jorge Triana

El panista Jorge Triana lamentó que el dictamen votado hoy le dé la espalda a la sociedad civil y a los ciudadanos, además de lo que expuso, constituye una burla al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso legislar en la materia. “En términos coloquiales le estamos dando el avión a la Corte. Es una simulación, porque sólo le damos manga ancha al gobierno para exponerse en los medios”.

Entre las reservas al dictamen se rechazó una de Movimiento Ciudadano, que proponía fijar un tope de 10% máximo de publicidad oficial para un solo medio de comunicación, ya que estudios de organizaciones civiles han documentado cómo el 50% de los gastos de publicidad los concentra Televisa.

Por el PRD, Rafael Hernández Soriano sostuvo que la ley es una copia de los lineamientos en materia de comunicación social que ya aplica la Segob.

Entrará en vigor hasta 2019 y se saltará el proceso electoral más importante de las décadas recientes para que continúe la política de beneficiar a los medios cercanos al príncipe y asfixiar a quienes discrepan. Lo que propone esta Cámara es institucionalizar el ‘chayote’ en los medios de comunicación”.