El Gobierno de México ha presentado este jueves ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos un recurso contra la ley migratoria promulgada por Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronterizas arrestar a migrantes irregulares que ingresen en territorio estadounidense desde México.
«La voz de México se escucha fuerte y clara. Ante la discriminación y la xenofobia, no nos quedamos de brazos cruzados, buscamos el respeto de los Derechos Humanos. Hoy presentamos un ‘amicus curiae’ con nuestros argumentos sobre la inconstitucional ley de Texas», ha declarado la titular de Exteriores Alicia Bárcena.
México ha presentado un «escrito de amigo de la corte en el juicio que se realiza entre el Gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas sobre la ley SB4, que viola los Derechos Humanos de las personas migrantes, por ser discriminadora y racista, y se perfila para ser enemiga de la dignidad y seguridad de nuestras y nuestros paisanos».
El escrito incluye cinco argumentos, que incluyen que la ley puede provocar «acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas por tener apariencia latina», así como un «ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad generado» que «contraviene la exclusividad de la federación de regular la materia migratoria».
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha compartido sus «preocupaciones» sobre la «dañina e insconstitucional» ley de Texas, subrayando que es la razón por la cual la Administración de Joe Biden continúa impugnándola en los tribunales.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió la ley apenas horas después de que el Supremo levantara un bloqueo anterior, lo que a afectos prácticos permitía a las autoridades estatales implementar la medida. Tras estas decisiones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que mantendrá los arrestos y la construcción de un muro en la frontera pese a la suspensión.
La ley, promulgada en diciembre de 2023 pero que no ha entrado en vigor debido a la disputa legal, castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2,000 dólares cruzar al estado de forma ilegal. El reingreso se tipificó como un delito grave castigado entre dos y 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante.
