El lunes amanecimos con una publicación en el periódico Correo donde hacían público lo que ya se conocía a voces: en Sapal se practica el influyentismo, condonando o haciendo descuentos a cuentas de empresarios y políticos cercanos al PAN y a la administración municipal.
La cantidad es estratosférica, más de 1,400 millones de pesos. Y encontramos nombres de personas que han estado en varios consejos y en la misma administración municipal, así como empresas altamente rentables que son notoriamente propanistas y organizaciones sociales y empresas que debieran cumplir con su responsabilidad social de condenar las malas prácticas administrativas; por inverosímil que pareciera.
Nombres como Salvador Sánchez Romero, Luis Ernesto Ayala, Alfredo Ling, Elías Villegas, Fernando Torres Graciano, Juan Manuel Oliva, Bárbara Botello, Universidad La Salle, Colegio Británico, Colegio Cumbres o el Estadio León, que por cierto tenía un pozo propio al inicio de la transformación de Asociación Civil a ente privado. Lo único que exhiben es la magnitud y el descaro de la aplicación del criterio en la condonación.
Cuántas condonaciones se hicieron a gentes de la tercera edad o realmente necesitados. Cuántas veces hemos sido testigos, de gente humilde, que no tiene para completar el pago mínimo y está pidiendo descuento y no se lo otorgan, bajo el justificante de “no se puede” o “ya se le hizo en una ocasión y no tiene derecho a más”.
En Sapal se practica el tráfico de influencias, condonando cuentas o haciendo descuentos a empresarios y políticos cercanos al PAN y a la administración municipal
Por qué a estos personajes se les condonaron cuentas y en varias ocasiones. Por qué condonar cuentas de empresas. Por qué condonar cuentas de colegios que tienen colegiaturas por persona de más de cinco mil pesos mensuales e inscripciones de casi 15 mil pesos, cuando hay instituciones públicas carentes de agua.
Recordemos el penoso caso de la destitución de la anterior jefa de Atención al Cliente, quien aplicó varios descuentos a familiares y amigos. Pero para evitar eso, Sapal nombra a Julio Becerra Moreno quien, según se menciona en la investigación, fue quien más descuentos autorizó.
Pero en Sapa no ha sido todo. Tenemos la renuncia de su anterior Presidente del Consejo por beneficiarse con obras en sus propiedades. Y para cerrar con broche de oro tenemos el nada ortodoxo y cuasi vergonzoso proceso de selección de su nuevo presidente
Esto por sí mismoes un escándalo mayúsculo. Pero para acallar ésta situación, el mismo municipio hace público lo que para ellos es un logro. La noticia de que están acusando a dos empleados de bajo nivel, por desfalco, vía descuentos masivos en el predial.
Lo primero: no puede llamarse logro a algo que sucedió en sus narices y no fueron ellos quienes lo descubrieron. Se dieron cuenta porque una mujer mayor de edad se presentó a reclamar el descuento de este año, que se le “otorgó” el pasado. Después de este incidente fortuito se desencadenaron una serie de errores monumentales. El contralor, en una entrevista radiofónica, declaró: “Se resarcirá el daño a las arcas municipales con el cobro de esos descuentos, ya que los recibos de los cuentahabientes son falsos”.
Increíble su postura. Un recibo firmado y sellado por la caja, por equis cantidad, que ingresa esa misma cantidad a la cuenta del municipio es tan válido como un billete emitido por el Banco de México. Sí alguien hizo un descuento sin autorización, el problema no es del contribuyente, sino de quien hizo la mala práctica y del municipio en consecuencia.
Siguiente error: despiden a los involucrados por hacer los descuentos indebidos y “presuponer” (sin pruebas lógicamente) que obtuvieron un beneficio económico. ¡Por favor! Quién es el genio en Desarrollo Institucional, Recursos Humanos, en el jurídico, o en la misma Secretaría del Ayuntamiento, que autorizó despedir a las dos personas involucradas sin pruebas de ese beneficio que obtuvieron. No saben que llevar a un juicio penal o laboral a una persona donde se “presupone” obtuvo un beneficio por una mala práctica es perder de antemano ese juicio.
Lo más grave es que intentaron esconder una lista de Sapal con otra para convertir en un logro del gobierno la exhibición de su propia incapacidad
Al final, el municipio estará pagando salarios caídos y un laudo en contra, por despido injustificado a esas personas, que ni en los sueños más húmedos de los abogados del municipio pisarán la cárcel.
A todo esto, saltan varias interrogantes. ¿Por qué, si ya tenían el modus operandi de la ‘banda del predial’, no simularon una operación para conocer quiénes estarían involucrados y así con las pruebas del cohecho y conocedores del tramo de acción, tomar las medidas legales correspondientes en materia penal, aún siendo empleados, como lo dicta la ley?
¿Por qué no se dice nada del supervisor encargado de cuadrar las cuentas en montos y pagos realizados? ¿Por qué dos empleados de muy bajo nivel tienen acceso y autorización para hacer descuentos? ¿Son los únicos dos quienes tienen esa autorización? ¿Por qué no tienen una supervisión acorde a esa operación? (muy inusual, por cierto) ¿Qué medidas de control no se hicieron? ¿Qué medidas de control correctivo se tomaron?
Pero lo que sí debe ser interesante y no se ha hecho público es saber quiénes son los beneficiados de esos descuentos. No sería sorpresivo que encontrásemos nombres coincidentes con la lista de Sapal. El final lo podemos imaginar fácilmente: los empleados despedidos no pisan la cárcel y ganarán el juicio laboral con un año de salarios caídos o restitución en sus puestos. Los dos empleados de bajo nivel mencionados son meros chivos expiatorios y la red al interior (‘la banda del predial’), con gente de mayor nivel al frente, sigue con capacidad operativa para seguir actuando. Y un tesorero culpando al anterior por rencillas políticas.
Pero lo más grave es que intentaron esconder una lista de Sapal con otra lista, como cortina de humo, pretendiendo hacer creer un logro de la administración, cuando es una exhibición de su propia incapacidad.
Estamos ante actos de nepotismo y corrupción al interior de la administración municipal.
¿Qué falta por ver?
