Vía libre a la Policía para actuar sin orden judicial
Expertos y académicos consideran "preocupante" la decisión en el contexto de impunidad de México y la relación de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado en amplias zonas del país
La polémica está servida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueba por mayoría las inspecciones policiales sin orden judicial. Todos los miembros de la Corte consideran «constitucional» las revisiones a personas y vehículos por parte de agentes de la Policía «siempre que exista sospecha razonable de que se estaba cometiendo un delito”. En resumen, ‘manos libres’ a los cuerpos de seguridad.
Una noticia «preocupante» para los expertos en seguridad en un país con el contexto de violencia e impunidad que se vive en México, donde cada vez son más frecuentes los casos de policías en contubernio con el crimen organizado involucrados en asesinatos o desapariciones de personas.
«Esta decisión manda una señal a los policías para que mantengan o profundicen sus prácticas de abuso de autoridad», asegura el académico Alejandro Madrazo
Para Alejandro Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), es preocupante que la Corte en vez de establecer los criterios más rigurosos para el uso de la fuerza, esté adoptando sentencias que relajen los criterios y autoricen el despliegue de la autoridad. “Sin conocer los detalles argumentativos de la sentencia, podemos decir que la consecuencia de esta sentencia es que mande la señal a las autoridades para que mantengan o profundicen sus prácticas de abuso de autoridad y sobre todo de impunidad y falta de investigación en el uso de la fuerza pública”, indicó Madrazo a ‘El País’.
La decisión de la SCJN es un hecho sin precedentes en la historia reciente del país y se explica por los altos niveles de impunidad, inseguridad y violencia que se viven en algunas regiones, considera Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad nacional. El fallo de la Corte que avala las revisiones policiales debe ajustarse a protocolos de uso de la fuerza y de intervención a la privacidad de las personas, expuso el académico, a fin de evitar que se continúen extendiendo los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de policías municipales, estatales y federales.
