La Sedena desarmará a las autodefensas de Michoacán
Ciudadanos agrupados bajo el nombre de 'Pueblos Unidos' aseguran que no dejarán las armas hasta que el CJNG desaparezca del estado
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México desarmará a los grupos de autodefensas que desde hace meses se han organizado en regiones de Michoacán para luchar contra los cárteles y la delincuencia organizada, según ha informado el gobernador del estado Alfredo Ramírez.
Desde hace meses, ciudadanos se han agrupado en autodefensas bajo el nombre de Pueblos Unidos en zonas como Tierra Caliente y Oriente, con el objetivo de contrarrestar la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ramírez ha advertido de que su administración no permitirá que tenga lugar una situación parecida a la de 2014, cuando las autoridades michoacanas de entonces legalizaron las autodefensas que nacieron para hacer frente al ya extinto cártel de Los Caballeros Templarios.
«Tienen que ser desarmados, eso es un tema que le toca a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el órgano federal encargado de velar por la Ley de Armas de Fuego», ha indicado Ramírez, que ha sugerido que la constitución de estos grupos es «casi siempre un montaje para cuestiones ilícitas».
El gobernador de Michoacán ha incidido en que su Gobierno no permitirá este tipo de actos y ha avisado de que desplegará a agentes de la Guardia Nacional para evitar la presencia de estos grupos.
Pueblos Unidos ya había avanzado que no dejarán las armas hasta que el CJNG desaparezca de territorio michoacano. En redes sociales, aseguró que el cártel «está masacrando» al pueblo michoacano «por el poder de una plaza». «Nosotros somos gente del pueblo, trabajadores y empresarios que no podemos permitir esta canallada, no importa que haya gente que diga que también somos un cártel», ha indicado.
En Michoacán ya se establecieron grupos de autodefensa contra la delincuencia organizada, pero el gobierno proclamó su fin en 2016, con la incorporación de sus miembros a la Policía estatal. Las también llamadas policías comunitarias justificaron su creación por la generalizada complicidad entre las autoridades, las fuerzas de seguridad y los Templarios, que había dejado totalmente indefensos a los habitantes.
