La Gran Marcha

La de este lunes 15 de noviembre está llamada a ser ‘La Gran Macha’ opositora en Cuba dos meses después de las mayores protestas de los últimos años en la isla. La oposición ha denunciado un aumento de la represión por parte del Gobierno, que a su vez ha cuestionado la «instrumentalización política» de las marchas y el papel en la sombra que tendría Estados Unidos.

La protesta estaba convocada inicialmente para el 20 de noviembre, pero los promotores, aglutinados en el movimiento Archipiélago, decidieron adelantarla cinco días después de que las autoridades anunciasen en los días previos a la manifestación una serie de maniobras militares rutinarias, según el Gobierno.

Entre las reivindicaciones figuran reclamaciones en pro de la liberación de los presos políticos, el arranque de un diálogo que permita resolver la «crisis política, económica y social» y críticas contra la violencia atribuida al Gobierno en las protestas de julio.

Sin embargo, Archipiélago se topó con el ‘no’ de las autoridades. El Consejo de Administración de la Habana Vieja respondió a la solicitud con una negativa, alegando que los promotores tienen lazos con Estados Unidos y «la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», según la nota difundida por la prensa oficial.

Los convocantes, sin embargo, decidieron mantener su ‘Marcha Cívica por el Cambio’ para hacer frente al «autoritarismo». En este sentido, llaman a la población a sumarse a las concentraciones, no solo con marchas por las calles sino también con gestos simbólicos como una cacelorada convocada a las 20.00 (hora local).

Uno de los principales promotores de las movilizaciones, el dramaturgo Yunior García, ha adelantado en sus redes sociales que este domingo marchará «en solitario» y «en silencio» hasta el malecón de La Habana con una rosa blanca para simbolizar el descontento social y el recrudecimiento de las medidas represivas. A quienes quieran salir el lunes, les ha pedido que antepongan su «integridad física».

Archipiélago ha denunciado presiones a sus miembros durante estas últimas semanas, incluidas citaciones ante las oficinas de la Fiscalía en las provincias donde se ha planteado convocar la manifestación. El movimiento ha advertido de que el «rostro dictatorial» del Gobierno se ha traducido en interrogatorios, amenazas y «hasta expulsiones laborales».

El Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel, entretanto, ha defendido su veto frente a la «provocación contrarrevolucionaria» que se avecina, como la ha descrito esta misma semana el propio presidente. En este sentido, durante semanas y de forma pública, las autoridades cubanas se han esforzado tanto por justificar el rechazo a la manifestación como por alertar de los supuestos intereses ocultos.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió el miércoles a Estados Unidos de que no permitirá la «agresión persistente» contra la isla ni sus «intentos de alterar la tranquilidad ciudadana y dañar la paz social». Para el canciller, se trata de una «agresión organizada desde el exterior y en la que se emplean agentes internos».

La Habana mira hacia Washington, al que ve como instigador último de estos nuevos desafíos. Considera probado que hay vínculos de los convocantes con Estados Unidos y que está en juego la supervivencia de la ‘revolución’ iniciada por Fidel Castro, en un momento en el que las autoridades cubanas reconocen que la isla atraviesa dificultades económicas.

El temor generalizado es que se repitan hechos como los del 11 de julio, un punto de inflexión en la escalada represiva a ojo de la oposición. Las autoridades cubanas informaron el 19 de agosto de que 67 personas habían sido condenadas por su implicación en las citadas protestas, en su mayoría con penas de entre diez meses y un año de cárcel.