El escándalo del Seguro Popular salpica a Guanajuato
Dos organizaciones civiles se basan en las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación para denunciar ante la PGR un presunto delito de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones contra funcionarios de once estados por un fraude que supera los 36 mil millones de pesos
Escándalo a la vista. Las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron una serie de denuncias penales contra diferentes funcionarios y exfuncionarios públicos de once estados entre los que se encuentra Guanajuato por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos en los montos destinados al Seguro Popular.
Las irregularidades observadas en Guanajuato por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y denunciadas ante la PGR por las citadas organizaciones civiles ascienden a más de 2,500 millones de pesos del Seguro Popular y otros 815 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
El monto total de las irregularidades en el estado de Guanajuato y denunciadas ante la PGR supera los tres mil millones de pesos
Entre las anomalías destaca la compra de medicamentos a sobreprecio y fuera del Catálogo Universal de Servicios de Salud autorizado por la Federación. Las irregularidades detectadas en esta partida suman 72 millones de pesos.
Las denuncias, en las que no se precisan nombres y se interpusieron «contra quienes resulten responsables», fueron presentadas por Jacqueline Peschard Mariscal, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, en representación de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero. Los presuntos delitos son: peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones. Y afectan a otros diez estados además de Guanajuato: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
El monto total de las irregularidades denunciadas asciende a 36 mil millones de pesos y se derivaron de los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “los cuales reportan numerosos desfalcos de recursos”, aseguran las asociaciones civiles. Entre las pruebas entregadas a la PGR destacan: contratos con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.
En Guanajuato, el Gobierno de Miguel Márquez gastó en la compra de medicamentos cerca de 9 mil millones de pesos. Los contratos fueron asignados de manera directa a dos empresas: Intercontinental de Medicamentos y Dimesa. Para este sexenio, el gabinete de Diego Sinhue proyecta una licitación para tres años que se emitirá el próximo 8 de noviembre.
