Hace unos años, en el 2016, un cártel de las drogas colgó unas narcomantas en contra de un periódico en donde yo trabajaba en León. La policía logró capturar a uno de los responsables y lo presentó ante un juez.
Conocí el caso porque las narcomantas eran por la publicación de un reportaje que yo había editado. Así que estuve al pendiente del caso: Increíblemente el hombre que colgó las narcomantas salió libre a los dos días. No lo podía creer. Fui a hablar con las autoridades y me dijeron que no había forma de mantenerlo en prisión, porque no había cometido delito.
Ahora ha cambiado. Y no necesariamente por la modificación de las leyes, sino por la determinación de aplicar la mano dura ante los actos ilícitos.
Lo soltaron por falta de pruebas.
El detenido declaró que él no sabía nada y que lo habían contratado para colgar unas mantas. Aseguró que no sabía quién estaba detrás, ni de qué se trataba. Y asunto arreglado.
Nunca supimos nada de los narcotraficantes que nos pidieron ya bajarle a las publicaciones. Ni nunca se investigó nada. Ni se llegó a los responsables de la narco-amenaza.
Así de débil era la aplicación de la Ley en el tema de las narcomantas en Guanajuato. Y luego nos preguntamos por qué se desbordó la inseguridad y la violencia, si había una serie de omisiones graves como esa. No era delito colgar las narco-amenazas por los puentes de las ciudades y a nadie le importaba.
Ahora ha cambiado. Y no necesariamente por la modificación de las leyes, sino por la determinación de aplicar la mano dura ante los actos ilícitos.
Hace unos días, un tal Carlos Alberto fue condenado a 12 de cárcel por colgar una narcomanta en León. Este hombre fue detenido el 21 de febrero del 2018 y fue acusado por el delito de terrorismo. Quince meses después, un juez le dictó una condena de 12 años de prisión.
Así debe ser la aplicación de la justicia si queremos recuperar la paz en Guanajuato. Acusaciones firmes, investigaciones rápidas y condenas sólidas. No hay otra forma de recuperar la paz.
