‘Caso Ayotzinapa’: «manipularon pruebas»
"Un conglomerado de funcionarios públicos actuó de manera ilícita aprovechando su posición y desvió toda una investigación", anuncia la Fiscalía General de México
La Fiscalía General de México ha anunciado la puesta en marcha de una investigación contra los peritos que supuestamente «manipularon pruebas» en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, unos días antes de la conmemoración del séptimo aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes.
«Hay una investigación de la Fiscalía sobre el actuar de la misma Fiscalía y los servicios periciales», ha trasladado el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa del Ministerio Público, Omar Gómez. «Próximamente también estaremos judicializando a actores que formaban parte de servicios periciales que también manipularon evidencias», agregó.
La Fiscalía opina que «un conglomerado de funcionarios públicos actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación».
Las autoridades de la Administración de Enrique Peña Nieto concluyeron que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 y sus restos fueron incinerados en un basurero. Una versión conocida en México como la «verdad histórica». La Administración de Andrés Manuel López Obrador niega esta versión y ha iniciado nuevas pesquisas. El fiscal Gómez insistió en las «muchas irregularidades» cometidas por la Procuraduría General de México durante el caso.
«Toda esa manipulación de la evidencia, toda esa recreación de todo ese andamiaje institucional, porque actuaron distintas instancias del gobierno para poder crearlo, ha sido una mentira y esos son los procesos de judicialización que estamos siguiendo», incidió Omar Gómez.
EL ‘CASO AYOTZINAPA’
Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal ‘Los Rojos’, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto dio por cerrada la investigación pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado reabrirla hasta conocer la verdad de lo ocurrido.
