AMLO sacará a la luz los archivos secretos de la «policía política»
El Gobierno de México hará públicos los documentos reservados de los servicios de inteligencia de los últimos 90 años en el marco de su nuevo plan de memoria histórica
«Todos los expedientes que estaban resguardados y protegidos se van a poner a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos. Se abren por completo solo con los límites que establece la ley: protección a niños, familiares y derechos humanos», detalló el presidente de México durante su conferencia del viernes en el Palacio Nacional.
Más de nueve décadas de trabajo de la “policía política”, como la definió AMLO, que incluyen desde los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el brazo del espionaje político del PRI, hasta su organismo heredero después de 1985: el Cisen. Un trabajo que llevará dos años de arduo trabajo de clasificación y digitalización.
El Archivo General alberga diez mil cajas de documentos de la DFS y el Cisen desde finales de 1930. Su clasificación y digitalización llevará al menos dos años
El Archivo General alberga más diez mil cajas de documentos procedentes tanto de la DFS como de los primeros organismos encargados de la inteligencia mexicana desde finales de los años 30. El primer presidente civil tras la Revolución, Miguel Alemán, fue el creador en 1948 de la DFS, integrada originalmente por miembros del Colegio Militar.
La documentación anterior a 1985, custodiada hasta ahora por el Cisen, quedará abierta al público de manera inmediata y sin ninguna restricción, según confirmó el director del Archivo General. En cuanto a los archivos más recientes, la nueva legislación establece un plazo de 180 días para que las distintas secretarías de Estado transfieran sus documentos, según informa el diario El País.
La clasificación, estudio y digitalización de los archivos se prolongará durante al menos dos años. Los documentos posteriores a 1990 están sujetos a los limites de la legislación de transparencia. Es decir, podrá reservarse información por motivos de derecho de privacidad o procesos judiciales abiertos contra las personas que aparecen en los documentos.
